La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina ordenó este lunes a un juzgado federal de ese país que ordene la inmediata detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y del ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en el marco de una investigación por posibles delitos de lesa humanidad en el país sudamericano, de acuerdo con una decisión publicada este lunes.
La Justicia argentina dispuso que, además de solicitar la detención de Maduro y Cabello, los dos hombres más poderosos del país caribeño en la actualidad, el Juzgado Federal Nro. 2, que lleva la causa, deberá tomarle declaración indagatoria a ambos funcionarios, “debiendo disponer vía Interpol su captura internacional”.
La denuncia fue presentada en 2023 por familiares de víctimas venezolanas y Clooney Foundation for Justice y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Además, contó con el respaldo de Amnistía Internacional y es la primera medida de este tipo acordada contra Maduro y miembros de su gobierno, que está siendo investigado desde noviembre de 2021 por un fiscal de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas ocurridas en 2017.
Sin embargo, la medida tiene un alcance muy limitado y no supone que Maduro, quien gobierna a Venezuela desde principios de 2013, y está seriamente cuestionado por la comunidad internacional tras las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, vaya a ser detenido de forma inmediata.
El presidente de Venezuela fue declarado vencedor de esos comicios por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, pero el organismo no ha presentado resultados detallados por centro y mesa de votación. La oposición mayoritaria recolectó pruebas que indican que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo una aplastante victoria.
En una primera instancia la causa ventilada en Argentina había sido archivada, pero un tribunal superior ordenó reabrirla por “la jurisdicción universal” en este tipo de delitos.
Argentina tiene antecedentes de causas de este estilo, la más emblemática tal vez es la que se abrió en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco. Esa investigación ya lleva 14 años y, si bien contó con declaraciones de familiares de víctimas, nunca se logró la detención de un líder para avanzar con el proceso.
La investigación contó con el impulso de funcionarios argentinos, como el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff. Además, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, estuvo presente en la audiencia en la que se solicitó el pedido de detención contra Maduro.
Este hecho suma un nuevo capítulo de tensión a un historial de cruces entre Javier Milei y Nicolás Maduro.
El último había sido el miércoles pasado, cuando el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que pedirá órdenes de aprehensión contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los acusa de robo agravado, entre otros delitos, por la retención de un avión de la estatal venezolana Emtrasur.
El Gobierno de Argentina rechazó estas acusaciones e incluso el portavoz de presidencia, Manuel Adorni, las catalogó como un “delirio”.
