El Gobierno nacional volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre el derecho a huelga, esta vez con un nuevo decreto —el DNU 340/25— que modifica el régimen de servicios esenciales. La medida incorpora al transporte de carga y pasajeros, la educación y las telecomunicaciones dentro de esta categoría, exigiendo que en caso de paro se garantice al menos un 75% del funcionamiento habitual. Esta iniciativa se suma a intentos anteriores de la gestión de Javier Milei, como el DNU 70/23, cuyos artículos laborales fueron suspendidos por la Justicia.
Pero el nuevo decreto va más allá: introduce la figura de “actividades de importancia trascendental”, imponiendo una cobertura mínima del 50% durante huelgas en sectores tan amplios como la industria alimentaria, la metalurgia, la construcción, los bancos, los comercios, la gastronomía y los servicios relacionados a la exportación. Con esta ampliación, se redefine de manera sustancial el alcance del derecho a huelga en buena parte del ámbito productivo y de servicios.
Desde los gremios y centrales sindicales, como la CGT, la reacción fue inmediata y crítica. Denuncian que la norma, al abrir tanto el espectro de actividades reguladas, limita de manera severa la capacidad de protesta. “El criterio es tan amplio que prácticamente cualquier actividad podría ser considerada esencial o trascendental”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
