Un día de 2011, la jueza Alejandra Velázquez, que estaba a cargo en ese entonces del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, una localidad en la provincia de Buenos Aires, Argentina, convocó a su despacho a dos de las asistentes sociales que trabajaban en su equipo técnico para hacerles una propuesta.
La magistrada, que declaraba el estado de adoptabilidad de menores y aprobaba su adopción, les sugirió a las empleadas que podrían conseguir un dinero extra, por fuera de su sueldo, a cambio de realizar una tarea durante su trabajo de campo, de acuerdo con la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires que determinó su destitución en 2017. Ese apartamiento fue el puntapié para una causa penal que determinó su presente: desde julio espera detenida en España su extradición.
Las asistentes sociales declararon que la jueza les propuso que durante las visitas que hacían a barrios vulnerables identificaran familias cuyos hijos podrían llegar a ser entregados en adopción. La sentencia dice, textualmente, que les sugirió ir a “conseguir panzas”, en referencia a mujeres embarazadas. A cambio, les explicó “que había muchos matrimonios adinerados en la zona”, con residencias en los barrios cerrados que abundan en el área, “que estaban dispuestos a pagar muy bien por ese trabajo”.
Este fue solo uno de los hechos por los que, además de ser apartada de su cargo, Velázquez enfrenta una investigación, aún abierta, por los delitos de “cohecho activo” y “falsedad ideológica” que llevó a la Justicia argentina a pedir una orden de detención a Interpol que se concretó en territorio español.
La causa penal
Según confirmaron a CNN fuentes judiciales y el fiscal de la causa, José Amallo, hubo varias irregularidades en su trabajo como magistrada.
Amallo explica que desde la fiscalía tienen los elementos necesarios para comprobar al menos dos delitos de los que se la imputaron también en el jury que la destituyó. “Uno es haber firmado de manera falsa cerca de 60 resoluciones en oportunidades que no estaba ni siquiera en el país. Hemos acreditado caso por caso que no estaba en el país en el momento de firmarlas”. El otro, señaló, fue la propuesta a las trabajadoras sociales.
En Argentina, por ley, no está permitida la adopción directa. El Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe expresamente la entrega de niños o adolescentes por parte de cualquiera de los progenitores u otros familiares. Solo un juez puede determinar, después de una serie de pasos, su estado de adoptabilidad y su posterior vinculación con una familia.
Luego de reunir pruebas, la Fiscalía convocó a Velázquez para ser indagada, pero no la encontró en ninguno de los domicilios declarados en el expediente judicial. Tras comprobar que había salido de Argentina mediante una consulta a la Dirección de Migraciones, se solicitó a Interpol que emita una orden para dar con ella.
La Policía española en Valencia encontró a Velázquez en julio de este año, según confirmaron las fuerzas de ese país. Ahora espera su juicio de extradición, tras el pedido formal en julio de este año por parte de la fiscalía, para que pueda continuar la causa en Argentina.
Para los delitos que se investigan, están previstas penas de entre 1 y 6 años de prisión, según fuentes judiciales. Sin embargo, uno de los hechos se habría repetido en más de una ocasión por lo que la acusada podría enfrentar penas acumulables.
La destitución de Velázquez
Velázquez fue destituida en septiembre de 2017 tras enfrentar un Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, su área de acción, que investiga la conducta de los jueces y funcionarios de las primeras instancias.
Para llegar a su apartamiento, el veredicto sostiene que hubo “incumplimiento reiterado de leyes y tratados en materia de adopción, graves irregularidades observadas en el procedimiento, desapego a parámetros convencionales: interés superior del niño, e incumplimiento de los deberes a su cargo”, entre otros.
De su defensa en esa misma causa se desprende que Velázquez “asegura que su intención fue mejorar el servicio de justicia, que resolvía en tiempo y forma, que a su criterio la eficiencia es fundamental, que nunca recibió quejas de ningún abogado ni del Colegio de Abogados por demoras o por la calidad de las resoluciones – resalta que a los abogados de Pilar ofrecidos como testigos la acusación los desistió- y que jamás violó una ley ni dio instrucciones ilegales. Reconoce que errores pueden existir, que “necesariamente tenía que delegar”.
La sentencia también la inhabilitó de por vida para ocupar otro cargo judicial.
Pau Mosquera colaboró con este reporte.
